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Sentencias Brasserie du Pêcheur y Factortame

ENRIQUE CELDA GALLUD

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Sentencias Brasserie du Pêcheur y Factortame

El principio de responsabilidad de los estados miembros con relación a los perjuicios sufridos por los particulares a causa de una violación del derecho de la UE imputable al estado fue establecido por el TJUE en la Sentencia de 5 de marzo de 1996, Brasserie du Pêcheur y Factortame.

Esta sentencia es una sentencia básica junto a las ya comentadas (Ver Sentencias Van Gend & Loos, Costa Enel y Francovich) para entender el alcance del Derecho de la UE y, el efecto directo de la primacía del derecho comunitario, así como, el reconocimiento de los derechos fundamentales propios de la UE.

Esta sentencia refuerza las posibilidades de los particulares a instar a los órganos estatales nacionales de los 3 poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) a cumplir y aplicar el Derecho de la UE.

La sentencia Brasserie du pecheur y Factortame da lugar a un supuesto general de responsabilidad que comprende cualquier violación del Derecho de la UE imputable al estado.

 

La responsabilidad de los Estados miembros por incumplimiento del Derecho de la UE está sujeta a tres requisitos:

 

-       La norma jurídica de la UE infringida deberá dotar de derechos a los particulares.

-       La violación deberá estar suficientemente cualificada, por lo que el estado miembro deberá de haber transgredido de forma grave y manifiesta sus limites de poderes discrecionales. Está valoración corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales, que son los únicos competentes para determinar los hechos y calificar la infracción.

-       Deberá de existir un nexo causal directo entre el incumplimiento de la obligación del Estado miembro y los daños sufridos por las personas perjudicadas.

 

El TJUE deja claro que esos principios son extensibles a los órganos jurisdiccionales. Por lo que, si han dictado incumpliendo o infringiendo las normas comunitarias, deberá de comprobarse de nuevo y verificar si ha habido violación del Derecho de la UE.

La instancia a la que deberán acogerse los tribunales nacionales para resolver posibles problemas de interpretación de normas será mediante la cuestión prejudicial, que aparece expuesto en el articulo 267 del TFUE.

La responsabilidad por error del poder judicial seguirá siendo una excepción. Únicamente podrá exigirse responsabilidad de un tribunal cuando este ignore deliberadamente el Derecho de la UE.

Sentencia Brasserie de Pêcheur y Factortame

En la Sentencia del Tribunal de Justicia con fecha 5 de marzo de 1996, sobre el litigio entre la empresa cervecera B.d.P y la República Federal de Alemania y, la empresa naviera Factortame y el Reino Unido.

Se plantea al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la interpretación del principio de la responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares por violaciones del Derecho comunitario que le sean imputables, con arreglo al Art. 177 del TCEE donde se expone que la competencia para pronunciarse sobre lo dispuesto en los Tratados de la Unión será del TJUE.

En cuanto a la empresa cervecera Brasserie de Pêcheur, era una sociedad francesa que tuvo que cesar las exportaciones de cerveza a Alemania ya que desde las autoridades alemanas consideraban que la pureza de esta cerveza no se ajustaba a la normativa de “bier” alemana.

Esta limitación era contraria a lo establecido en el Art. 30 del TCEE ya que no se puede prohibir la importación de un producto de un estado miembro a otro estado miembro.

Se planteó una cuestión prejudicial con arreglo al Art. 177 del TCEE por parte de la República Federal de Alemania para ver cual era el alcance que, siguiendo el principio de indemnización por parte de los estados a los particulares por la violación del Derecho Comunitario.

En cuanto a la empresa marítima Factortame sita en Reino Unido, una ley británica establecía la creación de un nuevo registro de buques de pesca británicos a los que imponía unos requisitos de nacionalidad, residencia y de domicilio de los propietarios. Por los que, los que no pudieran registrarse en ese nuevo registro serían vetados de su derecho a faenar.

El TJUE declaró que esta ley era contraria al Artículo 52 del TCEE relativa a la libertad de establecimiento ya que no se podía implantar una ley que limitara derechos de establecimiento por motivos de nacionalidad, residencia y domicilio. Así mismo, el TJUE también declaró en otros asuntos que dichos requisitos infringían los artículos 5, 7, 52 y 221 del TCEE.

Se planteó una cuestión prejudicial con arreglo al Art. 177 del TCEE por parte de las autoridades judiciales del Reino Unido para ver si aquellas personas que habían estado afectadas por la ley contraria a lo establecido en los tratados podrían percibir por parte del estado una indemnización en parte o por todas las infracciones.

Teniendo como antecedente la Sentencia Francovich, el TJUE ya declaró que el Derecho comunitario imponía el principio de que los Estados miembros están obligados a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho comunitario que les sean imputables.

El Tribunal de Justicia se pronunció en esta cuestión planteada por los órganos jurisdiccionales de la República Federal de Alemania y el Reino Unido.

En primer lugar, reafirma que los Estados Miembros están obligados a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del derecho comunitario que le sean imputables, es aplicable cuando el incumplimiento se atribuido al legislador nacional.

En segundo lugar, los particulares lesionados tienen derecho a una indemnización cuando el derecho comunitario tenga por objeto conferir derechos, por lo que el estado debe reparar las consecuencias del perjuicio causado teniendo en cuenta los requisitos fijados por la legislación nacional aplicable.

Por último, como la reparación debe ser adecuada al perjuicio sufrido, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada estado fijar los criterios que determinen la cuantía. Deberán atender no solo a los daños sufridos con posterior a la sentencia del TJUE, se deberá indemnizar el incumplimiento reprochado

Enrique Celda Gallud

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