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Sentencias aplicabilidad directa del Derecho de la Unión: Reyners, Van Binsbergen y Van Duyn

ENRIQUE CELDA GALLUD

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La aplicabilidad directa del Derecho de la Unión

Para analizar con exactitud el alcance de la aplicabilidad directa del Derecho de la Unión, hay que tomar en consideración no solo la Sentencia Van Gend & Loos donde el TJUE se pronunció a favor del principio de aplicabilidad directa de las disposiciones del Derecho de la Unión, frente a algunos estados miembros que en algún momento puntual no consideraban que el alcance de los tratados afectara directamente sobre el ordenamiento jurídico nacional. Debido a la primacía del Derecho de la Unión y la aplicabilidad directa, los estados miembros están obligados a transponer las disposiciones que la UE adopte en su marco jurídico y que afecte al conjunto de estados miembros.

De la Sentencia Van Gend & Loos se extraía: “la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurídico”, “el Derecho Comunitario es autónomo respecto a la legislación de los estados miembros, está destinado a generar derechos que se incorporan a su patrimonio jurídico” y “las obligaciones que el tratado impone de manera perfectamente definida tanto a los particulares como a los estados miembros y a las instituciones comunitarios”

Las herramientas jurídicas obligatorias de las que dispone la Unión Europea son: los reglamentos, directivas y decisiones. Estas herramientas las analizamos anteriormente en el comentario sobre las herramientas jurídicas de la UE que aparecen expuestas en el Art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

La información sobre la aplicabilidad directa del Derecho de la Unión se ampliará posteriormente con las sentencias Reyners, Van Binsgergen y Van Duyn donde el TJUE se pronuncia sobre temas de derechos fundamentales y libertades de suma importancia como: la libertad de establecimiento, libertad de prestación de servicios y libertad de circulación, respectivamente.

 Sentencia Reyners

En la Sentencia del Tribunal de Justicia con fecha 21 de junio de 1974, sobre el litigio entre el abogado Jean Reyners y el estado de Bélgica.

Se plantea al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 52 y 55 del TCEE, con arreglo al Art. 177 del TCEE donde se expone que la competencia para pronunciarse sobre lo dispuesto en los Tratados de la Unión será del TJUE.

 

El nacional neerlandés Jean Reyners cuya profesión era la de la abogacía, su título le permitía ejercer de abogado en Bélgica, pero con motivo de ser nacional de Países Bajos se le impedía a razón de su nacionalidad ejercer en Bélgica por el Real Decreto 24 de agosto de 1970 sobre el título y el ejercicio de la profesión de abogado.

 

Dado a que el Art. 52 del TCEE (actual 49 del TFUE) se recogía el derecho a la libertad de establecimiento y que: “las restricciones serían suprimidas de forma progresiva durante el periodo de transición”. Así mismo, en el TCEE se recogía en el Art. 57 la adopción de directivas destinadas a garantizar el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos y, de forma general, la coordinación de las legislaciones en materia de establecimiento”

 

Dado a que el Art. 55 del TCEE exponía una excepción de requisitos a las profesiones relacionadas con el poder público y era uno de los argumentos que alegaba el Estado de Bélgica. El Tribunal de Justicia se pronunció indicando que la profesión de abogado era una profesión liberal y no estaba relacionada con el poder público.

 

El TJUE se pronunció indicando que con la expiración del periodo transitorio recogido en el Art. 52 del TCEE, es una disposición del Tratado directamente aplicable pese a que en aquel tiempo no existían las directivas.

 

Por tanto, el abogado Jean Reyners tuvo que ser aceptado para el ejercicio de la abogacía en Bélgica pese a ser nacional de Países Bajos y lo expuesto en el RD. Se le concedió el derecho a iniciar y ejercer la actividad en igualdad de condiciones a la de cualquier nacional de dicho estado. (Primó el Derecho de la Unión frente a la ley del estado miembro)

 

Sentencia Van Binsbergen

En la Sentencia del Tribunal de Justicia con fecha 21 de diciembre de 1974, sobre el litigio entre el instalador J.H Van Binsbergen y la Asociación profesional de la industria metalúrgica.

Se plantea al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 59 y 60 del TCEE, con arreglo al Art. 177 del TCEE donde se expone que la competencia para pronunciarse sobre lo dispuesto en los Tratados de la Unión será del TJUE.

 

J.H Van Binsbergen había contratado a un mandatario procesal de nacionalidad neerlandesa que actuaba en su representación ante órganos jurisdiccionales. Debido a que el mandatario trasladó su residencia de Países Bajos a Bélgica, se impugnó su capacidad para representar ya que según una disposición de la legislación neerlandesa únicamente podían representar aquellos que estuvieran establecidos en los Países Bajos.

 

En el Artículo 59 del TCEE (actual 56 del TFUE) relativo a la libertad de prestación de servicios se establecía que: “las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad serán progresivamente suprimidas durante el periodo de transición, para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país miembro que no sea el del destinatario de la prestación”

 

En el Art. 60 del TCEE se exponía cuales eran los conceptos de prestación de servicios y se indicaba que: “el prestador de un servicio podrá con el objeto de cumplir con esa prestación ejercer en su actividad en el Estado donde se lleve a cabo la prestación en las mismas condiciones que imponga ese estado a sus propios nacionales

 

Dado a que una legislación nacional no puede contravenir lo expuesto en los Tratados y según lo expuesto en los Art. 59 y 60 de TCEE relativos a la libre prestación de servicio, actualmente recogido en el Artículo 56 del TFUE.

 

El Tribunal de Justicia se pronunció sobre la eficacia directa de lo expuesto en ambos artículos del TCEE y, por tanto, debido a la primacía del Derecho de la Unión respecto al de los estados miembros. Las discriminaciones por razón de nacionalidad o residencia en un estado miembro distinto a donde se preste el servicio tienen que ser eliminadas por lo expuesto en el Tratado.

 

Por tanto, las limitaciones que imponían los Países Bajos eran nulas por contravenir lo expuesto en los tratados.

Sentencia Van Duyn

En la Sentencia del Tribunal de Justicia con fecha 4 de diciembre de 1974, sobre el litigio entre la particular Yvonne Van Duyn y el Home Office de Reino Unido.

Se plantea al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 48 y el Art. 3 de la Directiva 64/221/CEE para la coordinación de medidas especiales para extranjeros en materia de desplazamientos y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública, con arreglo al Art. 177 del TCEE donde se expone que la competencia para pronunciarse sobre lo dispuesto en los Tratados de la Unión será del TJUE.

A la nacional neerlandesa Yvonne Van Duyn se le denegó el permiso de entrada en el Reino Unido por el Home Office, ya que ésta particular iba a trabajar como secretaria en una Iglesia de Cienciología.

El Ministerio de Interior de Reino Unido consideraba que esta institución era un peligro social, por lo que invocando la Directiva al ser una institución que se consideraba peligrosa, pero no estaba prohibida por la legislación.

Dado a que el Artículo 48 del TCEE (actual artículo 45 del TFUE) expone que la libre circulación de los trabajadores estará asegurada, a mas tardar, al final del periodo transitorio y que supondrá la abolición de toda la discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, retribución y las demás condiciones de trabajo”

Dado a que en la Directiva es obligatoria según lo expuesto en el Art. 189 del TCEE (actual artículo 288 del TFUE) Reino Unido está obligado a transponer a sus órganos jurisdiccionales lo expuesto en los Tratados y los instrumentos jurídicos de la Unión.

Dado a que una asociación que, pese a ser considerada contraria al interés general no está prohibida por la legislación y, que una persona milite en esta organización no supone un patrón de comportamiento negativo. No se puede justificar una decisión denegatoria para poder desplazarse libremente por la Comunidad, ya que es un derecho fundamental que deriva de los tratados.

El Tribunal de Justicia se pronunció sobre este tema, indicando que la libertad de libre circulación tiene efecto directo sobre el ordenamiento jurídico de los estados miembros y que, por tanto, otorga a los particulares un derecho que los tribunales nacionales deben tutelar.

Por tanto, a Yvonne Van Duyn no se le podía negar la entrada al Reino Unido para realizar su trabajo según lo expuesto en el Art. 48 del TCEE (actual 45 del TFUE), le otorgan un derecho fundamental que los estados miembros tienen la obligación de proteger.

Enrique Celda Gallud

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