Return to site

Sentencia Eurotunel

SENTENCIA DE 11.11.1997- ASUNTO C-408/95

Alba María Rivero Arnau

· TJUE,Eurotunel,Sentencia,Europa,Justicia

Sentencia Eurotunel

SENTENCIA DE 11.11.1997- ASUNTO C-408/95

Por Alba María Rivero Arnau

La sentencia objeto de estudio es el asunto 408/95 correspondiente al litigio entre Eurotunel c.
SeaFrence, del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997.
Esta sentencia trata sobre los Límites del derecho de enmienda del consejo.
Estos límites del consejo hacen referencia a su derecho de modificación de las propuestas de la
comisión , el cual, se limita al objeto y finalidad de su propuesta.
Si el Consejo excede los límites anteriormente mencionados, la decisión será nula (art. 263
TFUE).

PARTES:
Estrictamente, debemos apuntar que la sentencia del Tribunal de Justicia en estudio resuelve
una cuestión prejudicial y, por tanto, las partes entendidas procesalmente las vamos a señalar
respecto al litigio principal.

Parte demandante: Eurotunnel SA y otras.
Otras: International Duty Free Confederation (IDFC), Airport Operators Association Ltd (AOA),
Bretagne Angleterre Irlande SA (BAI), que gira con el nombre comercial de «Brittany Ferries»,
Passenger Shipping Association Ltd (PSA).

 

Parte demandada: SeaFrance antes Société nouvelle d'armement transmanche SA (SNAT).
Además para resolución de la cuestión prejudicial se tuvieron en cuenta observaciones escritas
presentadas por:
El Gobierno francés, Gobierno español, Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea,
Comisión de las Comunidades Europeas y Gobierno helénico.

HECHOS Y RECORRIDO PROCESAL:
La presente sentencia del Tribunal europeo tiene por objeto dar respuesta a tres cuestiones
prejudiciales planteadas por el Tribunal de commerce de París relativas a la validez del
régimen transitorio de las tiendas libres de impuestos recogido por los respectivos artículos 28
de la Directiva 77/388/CEE del Consejo y de la Directiva 92/12/CEE del Consejo.
Podemos definir la cuestión prejudicial como el derecho u obligación de los órganos
jurisdiccionales de los estados miembros de acudir al Tribunal de Justicia de la UE, cuando
deban aplicar una normativa europea, para solicitarle que precise una cuestión de
interpretación del derecho comunitario, o bien determine la validez de un acto de Derecho
comunitario con el fin de garantizar una aplicación efectiva y homogénea de la legislación
comunitaria.
Las cuestiones prejudiciales aludidas se suscitaron en el marco de un litigio entre, de una
parte, las sociedades francesas e inglesas dedicadas a la explotación del enlace ferroviario del
túnel bajo el Canal de la Mancha y, por otra parte, la sociedad SeaFrance, transportista
marítimo que realiza la travesía del Canal. La cuestión de fondo planteada era la competencia
desleal por SeaFrance, ya que, al vender productos libres de impuestos en sus buques, podía
compensar precios de transporte por debajo del coste. Dicha práctica, autorizada tanto por las
directivas aludidas como por la Ley francesa que las transpuso, llevó a que Eurotunnel
impugnara la validez de los artículos ante el órgano jurisdiccional nacional, el cual consideró
pertinente someter la cuestión al Tribunal de Justicia. Dado que la venta a pérdidas no estaba
prohibida en Francia, únicamente cabía impugnar las directiva por lo que permitían a
SeaFrance la venta de productos libres de impuestos.

Expuestos los antecedentes, vamos a seguir con el examen de las tres cuestiones prejudicales
planteadas:
1) En una situación en la que Eurotunnel no ha interpuesto un recurso de anulación
conforme al artículo 173 contra las Directivas 91/680 y 92/12, ¿puede admitirse que
Eurotunnel solicite la anulación de dichas decisiones con arreglo al artículo 177 del Tratado?
2) En caso afirmativo, ¿el Consejo adoptó estas decisiones de manera válida? Con carácter
subsidiario, ¿la Directiva 94/4 deja sin efecto la posible anulación de ambas Directivas?
3) En caso de anulación, ¿debe considerarse culpable a la SA SNAT—Société nouvelle
d'armement transmanche— por haber aplicado las leyes fiscales adoptadas de conformidad
con dichas Directivas? ¿A partir de qué fecha habría incurrido en culpa?


La primera cuestión, el Tribunal la resuelve señalando que una persona física o jurídica puede
alegar ante un órgano jurisdiccional nacional la invalidez de disposiciones contenidas en
Directivas, como los dos artículos controvertidos, aun cuando, por una parte, no haya
interpuesto recurso de anulación con arreglo al artículo 173 del Tratado CE contra dichas
disposiciones y, por otra parte, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro se haya
pronunciado previamente al respecto en el marco de un procedimiento distinto.


Sobre la segunda cuestión se pretende dilucidar si el Parlamento fue debidamente consultado
y si los motivos de invalidez invocados pueden afectar a los artículos controvertidos.
La primera parte de esta segunda cuestión afecta a la validez de las modificaciones
introducidas por el Consejo en las directivas sin una propuesta de la Comisión. Resuelve en
favor de las mismas, apuntando que las modificaciones realizadas estaban comprendidas en el
ámbito de aplicación de las directivas de acuerdo con las propuestas iniciales de la Comisión.
La segunda parte de la segunda cuestión refiere a la introducción de modificaciones
sustanciales por parte del Consejo respecto del texto sometido a consulta al Parlamento. En
este caso el tribunal también resuelve en favor de la actuación del Consejo apuntando
antecedentes de los que se desprende que el Parlamento no sólo tuvo ocasión de
pronunciarse sobre la cuestión de la venta libre de impuestos, sino que, además, también
defendió su mantenimiento. En consecuencia, no resultaba necesaria una nueva consulta del
Parlamento sobre los dos artículos controvertidos.


En cuanto a la tercera cuestión, el tribunal considera irrelevante pronunciarse sobre ella dado
que, a la vista de las consideraciones anteriores, no se observan elementos que afecten a la
validez de los artículos controvertidos.

FALLO:
El Tribunal de Justicia pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el tribunal de
commerce de Paris mediante resolución de 27 de noviembre de 1995, declara:
1) Una persona física o jurídica puede alegar ante un órgano jurisdiccional nacional la
invalidez de disposiciones contenidas en Directivas, aun cuando, por una parte, no haya
interpuesto recurso de anulación con arreglo al artículo 173 del Tratado CE contra dichas
disposiciones y, por otra parte, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro se haya
pronunciado previamente al respecto en el marco de un procedimiento distinto.
2) El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado la existencia de elementos que
puedan afectar a la validez los artículos controvertidos.

REPERCUSIÓN:
La importancia de esta sentencia radica en el establecimiento del ámbito de aplicación del
derecho de enmienda del Consejo dentro de los límites señalados por las propuestas iniciales
de la comisión.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK