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Prohibición de los tratos inhumanos y degradantes en el ámbito europeo

Oscar Perales Bertó

· DDHH,InternacionalPúblico,TribunalEstrasburgo,España,Europa

Prohibición de los tratados inhumano y degradantes en el ámbito europeo

El Derecho constitucional ha introducido desde siempre referencias a lo que hoy se denominan tratos inhumanos o torturas, pero no reconociendo expresamente este derecho, sino prohibiendo determinadas actuaciones a los poderes públicos. No es hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948) donde se incorpora de forma clara esta prohibición. Posteriormente le siguieron el Convenio Europeo (1950), la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de 1966.

Tras el reconocimiento de que el CEDH se trata de un instrumento vivo, es evidente que lo que hoy reconocemos como “tratos inhumanos o degradantes” ha ido evolucionando de la mano de la jurisprudencia del TEDH, ya que ha tenido que ir adaptándose a la sociedad ampliando el ratio de protección. El CEDH hay que entenderlo siempre en el momento actual, es decir, a la luz de las circunstancias actuales.

Sin embargo, el problema mayor del TEDH es que no puede tutelar todo el bien jurídico de la integridad personal, por lo que por ello se amplían los derechos personales en la CEDH al reconocer, por ejemplo, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la vida privada y familiar…

También, este derecho ha ido evolucionando con el tiempo, esto es así, que el TEDH ha conectado la vulneración contenida en el art.3 del mencionado convenio, por ejemplo, al incumplimiento de aquellos Estados que no investiguen efectivamente los hechos, que de hacerlo, provocarían impunidad.

La Constitución Española reconoce esta prohibición, ya que cabe recordar que no se trata de un derecho al uso que tienen los ciudadanos, sino una prohibición a los poderes públicos de realizar este tipo de actuaciones, en el art.15, tratándose por lo tanto, de un derecho fundamental.

El citado artículo se incluye dentro del derecho a la vida y a la integridad física y moral, haciendo mención expresa a que no puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Como se puede observar en el artículo sigue la estela de lo recogido en los instrumentos internacionales, por lo que el grado de protección que otorga a nuestra constitución es igual de privilegiado al que se otorga a nivel internacional, ya que tanto una como la otra están sujetas a un privilegio especial dentro de cada ordenamiento jurídico.

Por una parte, cualquier vulneración realizada en el ordenamiento jurídico español que tenga que ver con un derecho fundamental está protegido de manera privilegiada, permitiendo en todo caso una vez agotada toda vía jurisdiccional acudir al TC, y en última instancia al TEDH.

Por otra parte, encontramos recogido esta prohibición en la Carta Europea de Derechos Fundamentales en el art.4 dentro del Capítulo I que hace referencia a la dignidad. A este respecto, podemos decir que el ámbito de aplicación de esta prohibición se ha visto reforzado respecto al reconocimiento realizado en la CEDH y en la CE, ya que la inclusión de esta prohibición dentro de la CEDDFF hace que en el caso de que se realice la conducta tipificada como prohibición de tratos inhumanos y degradantes por parte de una institución europea o por un Estado miembro de la UE, faculte al damnificado a hacer valer su derecho.

Por lo que si nos remitimos al principio de lo expuesto, aunque de manera muy breve, ya que este tema podría dar para mucho más desarrollo, es evidente que la tendencia tanto de los Estados, como la de la UE, es dotar a los ciudadanos de las máximas seguridades y garantías, reconociendo en todos los instrumentos jurídicos vinculantes aquellos derechos o prohibiciones que garanticen su integridad, vida, libertad y todos aquellos derechos necesarios para garantizar una seguridad a nivel europeo. Es evidente la evolución realizada sobre esta prohibición, que parte de una prohibición a los Estados individuales dentro de su territorio y acaba siendo una prohibición para todas las Instituciones Europeas y para todos los Estados miembros con independencia de donde se encuentre el ciudadano europeo, lo que supone un gran avance en este sentido.

Sin embargo, no podemos decir que no se hayan producido violaciones de esta prohibición, ya que se trataría de una sociedad utópica. A este respecto, vamos a destacar tres Sentencias del TEDH que ha declarado a España culpable de realizar tratos inhumanos y degradantes:

  • Case of Portu Juanenea and Sarasola Yarzabal v. Spain (application no. 1653/13)  El caso hace referencia a denuncias de malos tratos sufridos por el Sr. Portu Juanenea y el Sr. Sarasola Yarzabal cuando fueron arrestados en 2008 por oficiales de la Guardia Civil. El Tribunal determinó que las lesiones descritas en los certificados presentados por los denunciantes habían sido causadas mientras estaban bajo custodia de la Guardia Civil. Consideró que ni las autoridades nacionales ni el Gobierno habían proporcionado argumentos convincentes o creíbles para explicar o justificar esas lesiones. Además considera que el TS no consideró si el uso de la fuerza física empleada por parte de los oficiales fue necesario y proporcional, o si las lesiones causadas eran atribuibles a los oficiales responsables de su detención. Por todo ello el tribunal condenó a España por la vulneración del art.3 del CEDH.
  • Case Beortegui Martinez v. Spain (application no. 36286/14)  En este caso se condenó a España por vulneración del art.3 CEDH, no por la realización de tratos inhumanos y degradantes, sino por uno de esos aspectos sobre los que ha ido evolucionando este derecho y es, por la falta de investigación por parte de la Guardia Civil por la denuncia presentada por el Sr. Beortegui. El Tribunal consideró que no se había realizado una investigación exhaustiva y efectiva sobre las denuncias de malos tratos presentada por el Sr. Beortegui durante su detención. Debido a la falta de una investigación exhaustiva y efectiva por parte de las autoridades nacionales, el Tribunal no tenía pruebas suficientes para determinar si se le había sometido a tratos inhumanos o degradantes por lo que esa pretensión se tuvo que desestimar, considerando sin embargo que el derecho a no tener una investigación exhaustiva y eficaz afectaba a este derecho.
  • Case Ataun Rojo v. Spain (application no. 3344/2013)  Este caso hace referencia a la falta de investigación efectiva sobre la denuncia presentada por el solicitante sobre supuestos tratos inhumanos y degradantes cuando se encontraba detenido por la Guardia Civil. El Tribunal hizo hincapié en la importancia de adoptar medidas para mejorar la calidad de los exámenes médicos forenses de personas que se encontraban detenidas. Además la falta de pruebas suficientes en este caso, en gran parte imputable a la falta de una investigación profunda y efectiva por parte de las autoridades españolas, hace que el TEDH concluya que se produjo una violación, tanto de la falta de investigación como los presuntos tratos inhumanos y degradantes.

Oscar Perales Bertó

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