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Procedimiento Prejudicial (Art.267 TFUE) y Responsabilidad de los Estados Miembros por incumplimiento del Derecho de la Unión

Enrique Celda Gallud

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Procedimiento prejudicial (Art. 267 TFUE)

Consultando lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea extraemos lo siguiente:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

sobre la interpretación de los Tratados;

sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad.”

Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden dirigirse al TJUE a través de las cuestiones prejudiciales. Cuando un tribunal nacional tiene que aplicar disposiciones de Derecho de la UE en el marco de una causa, el tribunal puede suspender este procedimiento y preguntar al TJUE si el acto jurídico por las instituciones es válido y como deben de interpretarse dicho acto y los Tratados de la UE. (Ver Comentario Sentencia Francovich)

El magistrado nacional del estado miembro formula una cuestión a la cual el TJUE responderá en forma de sentencia para que esta sea vinculante en su resolución judicial. Las cuestiones prejudiciales no son de índole contenciosa, comienzan y terminan ante un tribunal nacional

Mediante las cuestiones prejudiciales se garantiza una interpretación uniforme del derecho de la UE, así como, la unidad del ordenamiento jurídico en todos los estados miembros de la Unión Europea.

Estas cuestiones sirven de garante de los derechos de los individuales, ya que permite que los tribunales nacionales puedan comprobar la compatibilidad del derecho nacional de ese estado miembro y el del conjunto de la UE. En caso de incompatibilidad se aplica el derecho de la UE, ya que existe la primacía del derecho comunitario respecto al de los estados miembros.

-El TJUE decide acerca de las cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la UE y por otra parte, ejerce un control de validez sobre los actos jurídicos de las instituciones que conforman la UE. El TJUE no está facultado para interpretar el derecho nacional.

-Cualquier órgano jurisdiccional de cada uno de los estados miembros puede presentar cuestiones prejudiciales al TJUE.

-Existe obligación de presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE por parte de cualquier órgano jurisdiccional, en caso de no hacerlo puede constituir una violación de los Tratados de la UE, mediante la cual se puede sancionar a través del procedimiento por incumplimiento del tratado.

La responsabilidad de los Estados Miembros por incumplimiento del Derecho de la UE

El principio de responsabilidad de los estados miembros con relación a los perjuicios sufridos por los particulares a causa de una violación del derecho de la UE imputable al estado fue establecido por el TJUE en la Sentencia de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pecheur y Factortame.

Esta sentencia la analizaremos con posterioridad, ya que se trata de una sentencia básica junto a las ya comentadas (Ver Sentencias Van Gend & Loos, Costa Enel y Francovich) para entender el alcance del Derecho de la UE y, el efecto directo de la primacía del derecho comunitario, así como, el reconocimiento de los derechos fundamentales propios de la UE.

Esta sentencia refuerza las posibilidades de los particulares a instar a los órganos estatales nacionales de los 3 poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) a cumplir y aplicar el Derecho de la UE.

La sentencia Brasserie du pecheur y Factortame da lugar a un supuesto general de responsabilidad que comprende cualquier violación del Derecho de la UE imputable al estado.

La responsabilidad de los Estados miembros por incumplimiento del Derecho de la UE está sujeta a tres requisitos:

- La norma jurídica de la UE infringida deberá dotar de derechos a los particulares.

- La violación deberá estar suficientemente cualificada, por lo que el estado miembro deberá de haber transgredido de forma grave y manifiesta sus limites de poderes discrecionales. Está valoración corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales, que son los únicos competentes para determinar los hechos y calificar la infracción.

- Deberá de existir un nexo causal directo entre el incumplimiento de la obligación del Estado miembro y los daños sufridos por las personas perjudicadas.

El TJUE deja claro que esos principios son extensibles a los órganos jurisdiccionales. Por lo que, si han dictado incumpliendo o infringiendo las normas comunitarias, deberá de comprobarse de nuevo y verificar si ha habido violación del Derecho de la UE.

La instancia a la que deberán acogerse los tribunales nacionales para resolver posibles problemas de interpretación de normas será mediante la cuestión prejudicial, que aparece expuesto en el articulo 267 del TFUE.

La responsabilidad por error del poder judicial seguirá siendo una excepción. Únicamente podrá exigirse responsabilidad de un tribunal cuando este ignore deliberadamente el Derecho de la UE.

Enrique Celda Gallud

Resumen e información extraída de: "El ABC del derecho de la Unión Europea" Publications Office of the EU​

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