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El Gobierno se enfrenta a una querella por parte de los sanitarios. ¿Será viable judicialmente?

Lucía Fernández Beneyto

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El Gobierno se enfrenta a una querella por parte de los sanitarios. 

¿Será viable judicialmente?

Hace unos días recibimos en Jóvenes Juristas de Valencia una consulta de un compañero preguntándonos nuestra opinión acerca de la viabilidad de la querella interpuesta por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal, contra el ministro de Sanidad, don Salvador Illa Roca y los demás corresponsables.

El sindicato considera que con el reparto de «una gran partida de mascarillas FPP2 de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a distintos servicios de Salud de nuestro Sistema Nacional de Salud», ha habido una «presunta actuación negligente por parte del Ministerio, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario» que podría ser constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 317 del Código Penal.

El sindicato médico denuncia que el Gobierno ha puesto «en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades»

Concluye el sindicato que «la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los/as profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente»

En primer lugar, para analizar la viabilidad de esta querella se hace necesario primero conocer las características del delito, lo que en Derecho Penal se denomina los “elementos del tipo”, para poder valorar posteriormente, si las mismas concurren o no en los hechos que pone de manifiesto el Sindicato.

Así pues, el artículo 316 del Código Penal establece;

Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.

Seguidamente el artículo 317 CP recoge esta misma conducta para el caso de que haya sido cometida por imprudencia grave.

Por lo tanto,  de la redacción de estos artículos podemos extraer que las siguientes características de este delito;

  1. En primer lugar, se trata de un delito de PELIGRO CONCRETO, es decir, para su consumación no basta con una conducta peligrosa (como en los delitos de peligro abstracto) sino que es necesaria la concreta puesta en peligro del bien jurídico, aun cuando no se produzca ningún resultado.
  2. El bien jurídico protegido es la seguridad en el trabajo, por lo tanto estamos ante un bien jurídico SUPRAINDIVIDUAL, es decir, se castiga el poner en peligro la vida o la salud de los trabajadores – en plural – al no facilitar los medios para que ese colectivo desempeñe la actividad en condiciones adecuadas, con independencia de que se produzcan resultados de lesiones o incluso de muerte, en cuyo caso estaríamos ante la afectación de bienes jurídicos distintos (integridad física, vida..) y por lo tanto de delitos diferentes, que posteriormente, se deberían de valorar en concurso ideal junto con el delito del artículo 137 del CP.
  3. La estructura típica es de omisión impropia, es decir, que el COMPORTAMIENTO PUNIBLE es el de no facilitar los medios de seguridad adecuados, siempre y cuando suponga UNA INFRACCIÓN DE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, pero no cualquier infracción administrativa es típica, sino únicamente aquella que HAYA PUESTO EN PELIGRO GRAVE el bien jurídico protegido, ya que lo contrario sería incompatible con el principio de intervención mínima del derecho penal.   
  4. En este caso concreto, el delito se imputa a través del artículo 317 CP, por lo tanto, no lo hace a título de dolo, sino de IMPRUDENCIA GRAVE.
  5. En cuanto al sujeto ACTIVO se trata de un delito ESPECIAL PROPIO, es decir, solo puede ser autor del mismo quien esté obligado a facilitar al trabajador los medios necesarios para desempeñar su actividad.

En este punto cabe hacer una matización, y es que la ley de prevención de riesgos laborales únicamente hace referencia al EMPRESARIO como persona obligada a velar por el cumplimiento de la normativa de prevención, o bien “a las personas con facultades directivas o de organización que dependan del mismo”.

No obstante, ello debe de ponerse en relación con el artículo 3 de la LPRL, en el que se establece que tanto esta ley, como sus normas de desarrollo serán de aplicación también a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas. Por lo tanto, las medidas de prevención de esta ley también se aplican plenamente al personal sanitario, al no existir una regulación específica.

Ello significa que, consecuentemente, también pueden ser autores del delito los responsables de adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos de los sanitarios, responsabilidad que recae, en esta crisis provocada por el Covid-19, en el Ministro de Sanidad y sus corresponsables.

Así pues, después de analizar las características concretas de este tipo penal, me atrevo a concluir que, en mi opinión y en términos jurídicos, la querella está suficientemente justificada, y en ello en base al razonamiento siguiente;

En primer lugar, es evidente la existencia de un peligro concreto para el personal sanitario, riesgo concreto que se deriva de una omisión, la de no proporcionar EPI’s que sean por sus características idóneas para neutralizar, o por lo menos reducir el peligro al que se encuentran expuestos los sanitarios. Claro está que esta obligación se encuentra recogida en la Ley de Prevención de Riesgos laborales, no constituyendo su omisión una simple infracción administrativa, ya que es evidente que el no suministro de equipos de protección adecuados tienen como consecuencia directa un PELIGRO GRAVE para los sanitarios.

En segundo lugar, y en cuanto al sujeto activo, es razonable que se le pueda imputar a título de imprudencia grave esta conducta al Ministro de Sanidad y sus cooperantes, ya que ante la falta de existencias de EPIS idóneas en España, recae sobre él la responsabilidad de proporcionarlas, y lo que es más importante en este supuesto que nos ocupa, de asegurarse de que las EPIS sean idóneas, o en palabras del legislador “adecuadas”, ya que lo contrario puede tener un desenlace fatal para nuestros sanitarios.

Y esto es lo que ha ocurrido en este caso, ya que después de proporcionar mascarillas, se retiraron de los centros sanitarios las mismas al tener conocimiento el ejecutivo de que las mimas eran defectuosas, encontrándose los Sanitarios ante el horror de haber estado trabajando durante días sin esta protección, que es vital para una protección íntegra frente al virus.

Lucía Fernández Beneyto

@letsgolaw_

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