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El fin no siempre justifica los medios

Por Pablo Seguí Zaragozá

A la negativa recibida frente a la queja presentada al Defensor del Pueblo el 5/11/2020, para interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad por la extensa duración sin control parlamentario de la prórroga fijada en el Real Decreto 956/2020 de 3 de noviembre, así como la nosujeción a indicador alguno para revocar (en su caso) tal situación, casi doce meses después, el más alto intérprete de nuestra Carta Magna decanta la balanza hacia el lado contrario declarándolo parcialmente inconstitucional:    

“Conforme a la RAE (Real Academia Española de la Lengua), <<"PRORROGAR">> en su primera acepción es: continuar, dilatar, extender algo por un tiempo determinado. Este tiempo puede ser inferior o superior a la duración inicial de algo. 

(…) 

A la pregunta de si es posible prorrogar el estado dealarma, de una vez, por más de 15 días, ha de responderse afirmativamente. Por de pronto, así sucedió, sin ser cuestionado, con el estado de alarma de 2010 (huelga de controladores aéreos). Tras haber sido declarado por Real Decreto 1673/2010 de 4 de diciembre, el Pleno del Congreso de los Diputados acordó el 16 de diciembre de 2010 conceder la autorización de la prórroga solicitada por el Gobierno (…) que prorrogó el estado de alarma hasta las 24 horas del 15 de enero de 2011, sin modificaciones con respecto a los primeros términos de la declaración inicial. La duración total del estado de alarma fue (con una sola prórroga del plazo inicial de 15 días) de 43 días comprendidos entre el 4 de diciembre de 2010 y el 15 de enero de 2011 (ambos inclusive). Es decir, la prórroga del plazo inicial fue superior a 15 días.   

Pero lo fundamental es que nada dice la Constitución sobre la duración de la prórroga, así como sí lo hace del estado de excepción. Corresponde, pues, al Congreso de los Diputados determinar la duración de la prórroga.”   

Son estos argumentos empleados por nuestro Defensor del Pueblo para, a su juicio, creer adecuada una duración tan extensa (nada más y nada menos que de 6 meses) sin la rendición de cuentas quincenal, la correspondiente prórroga tras el pertinente análisis de la situación y el control parlamentario debido. La institución defensora del pueblo español creía que esto no se vería afectado en cuanto a que el Presidente del Gobierno rendiría cuentas de forma bimensual y el por aquel entonces Ministro de Sanidad, lo haría mensualmente; motivo que avala la sentencia del Constitucional en cuanto a que esta periodicidad no excluía otros llamamientos para la rendición de cuentas.    

Es decir, un estado de excepcionalidad como el que nos hatocado vivir por segunda vez en el que el ejecutivo gozó de poderes extraordinarios, a priori parecía merecer la mínima interpretación gramatical de una norma que limita derechos fundamentales para, con ello, no sujetar a indicador alguno ni poder acotar un periodo tan singular.  

Tampoco se negaba que pudiese ceder el Presidente del Gobierno sus competencias para restringir o limitar derechos de los ciudadanos en favor de los Presidentes regionales, cuando precisamente así se especifica en el artículo séptimo de la LOAES al que hace referencia en la resolución. Es más, en este artículo de la normativa para los estados de emergencia, se establece que ello solo podrá producirse cuando la declaración del Estado de Alarma afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad. Y claro está que no fue así en una emergencia nacional como la que vivimos.   

En consecuencia, el decreto 926/2020, de 25 de octubre, “por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2”, y la posterior resolución parlamentaria ratificándolo, lo que hacía era crear un cheque en blanco a los Presidentes de CCAA y Ciudades Autónomas para modular de forma unilateral a la vista de la evolución de los indicadores.    Sin embargo, tiempo después hemos podido ver que no había pretensión infundada ni temor exagerado alguno. La sentencia que declara inconstitucional el Real Decreto 926/2020 de 25, de octubre, sostiene que “no puede calificarse de razonable la fijación de la duración de una prórroga por tiempo de 6 meses (…) sin certeza alguna acerca de qué medidas iban a ser aplicadas, cuándo iban a ser aplicadas y por cuánto tiempo serían efectivas en unas partes u otras de todo el territorio nacional al que el Estado de Alarma se extendía”. 

“Resulta imposible discernir el porqué de la imposición de un plazo, el acordado u otro hipotético. Esta imposición tan solo puederacionalmente hacerse en consideración de las circunstancias de hecho, a la espera e inicial efectividad de las concretas medidas a poner de inmediato enpráctica durante un lapso de tiempo definido, aunque prorrogable de nuevo (…).   

Por tanto, no es la prórroga de seis meses por sí sola lo que produce la inconstitucionalidad. Ello deviene por cuanto al “carácter de no razonable o infundado, visto el acuerdo parlamentario en su conjunto, de la decisión por la que se fijó el plazo”. Es decir, a la solicitud de la prórroga no se le acompañaba ninguna aplicación directa de medidas que fuesen a regir durante tal periodo prorrogado y autorizado, toda vez que éstas iban a ser llevadas a cabo por la delegación acordada. Es más, la sentencia también hace mención de que esa delegación no era posible ya que, de lo contrario, entraría en contradicción con el ya citado artículo 7 de la LOAES. Y es que en el Real Decreto 926/2020 se acordó ello “sin reserva alguna de instrucciones o supervisión efectiva, así como avocación a cargo del Presidente del Gobierno de lo que las autoridades delegadas pudieran actuar en sus respectivos territorios”, por lo que aquellos que hubieran podido ser controlados quedaron fuera de la ecuación en favor de los Presidentes regionales, estando tan solo de forma eventual fiscalizados frente a sus respectivas asambleas legislativas.    

¿Resultado? La cámara no se reservó la potestad de controlar al Gobierno para, de forma periódica, someter a revisión la aplicación de las medidas aprobadas y la eficacia de éstas. Se desapoderó así de su responsabilidad constitucional para reformarlas (o no) en base a nueva petición de prórroga, así como fijar su alcance y condiciones conforme a su efectividad. Por su parte, el ejecutivo quedó desprovisto de atribución alguna que pudiese fiscalizarse. En suma de todo lo anterior, tanto Gobierno como Congreso después, se despojaron de la postura que la Constitución les otorga.   

Para ir resumiendo, la inconstitucionalidad está fundada en la fijación de un plazo tan extenso totalmente al margen de si las medidas autorizadas se llegarían a implantar, de su efectividad y durante cuánto tiempo lo estarían, unido a la atribución en favor del Gobierno de potestades que solo al Congreso pueden corresponder, como es la de reconsiderar el mantenimiento de las limitaciones de derechos fundamentales y libertades públicas, y en qué términos, así como la posterior delegación hacia los Presidentes Autonómicos.   

El estado de Derecho, la legalidad, son garantías de todo ciudadano. Nadie discutía la extraordinaria y urgente necesidad de emplear de nuevo tal herramienta constitucional, sino que lo que se reclamaba y seguiremos haciendo, es que los cauces legalmente previstos están para que no puedan verse vulnerados los derechos de ningún ciudadano. Y ni un servidor, ni ninguna entidad sin ánimo de lucro, ni el ejecutivo están por encima de ello.   

Debemos olvidar los viejos métodos de aprendizaje y ser capaces de cuestionarnos el “por qué”, de preguntarnos “para qué”, de darle la vuelta a las cosas. El mundo necesita un cambio y eso pasa por cambiar nosotros mismos para ser los mejores profesionales sin olvidar ser las mejores personas. Memorizar no es aprender y mucho menos en un mundo cambiante como lo es el Derecho. Debemos tener una visión crítica incluso con nosotros mismos, seranchos de miras e ir más allá. Pues el fin no siempre justifica los medios.       

PABLO SEGUÍ ZARAGOZÁ

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