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Comentario Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

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Sentencia Van Gend Loos · Sentencia Costa ENEL · Sentencia Francovich - Enrique Celda Gallud

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Sentencia Van Gend Loos

La Sentencia del Tribunal de Justicia con fecha 5 de febrero de 1963, trata sobre el litigio entre la empresa neerlandesa Van Gend en Loos y la Nederlandse Belastingen que, sería el equivalente a la administración tributaria de los Países Bajos.

La empresa neerlandesa Van Gend Loos realizaba la importación de productos químicos desde Alemania hasta los Países Bajos. Desde la Nederlandse Belastingen se aplicaba un arancel que gravaba dichos productos químicos, aumentando el precio de este producto que provenía de Alemania.

La empresa argumentaba que dicho arancel era contrario a lo establecido en el Art. 12 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (siendo el año 1963, aún no se había firmado el TUE e históricamente las instituciones europeas se encontraban en la etapa previa a la conformación de la UE que era la CEE, dicha Comunidad Económica Europea la cual surgió con la firma del Tratado de Roma). En dicho artículo, se recogía que los estados miembros se abstendrían de establecer entre si derechos aduaneros o incrementar los ya vigentes.

En el TCEE también se recogían el mercado común y el establecer políticas comunes en el ámbito de la agricultura, comercio, transportes y fondos de desarrollo.

Con los argumentos anteriormente expuestos, el tribunal neerlandés eleva la cuestión al Tribunal de Justicia según lo dispuesto en el Art. 177 del TCEE, en el que se indica que el Tribunal de Justicia será el competente para pronunciarse sobre la aplicabilidad del mismo tratado. Por una parte, los Países Bajos alegan que se trata de una competencia nacional y que por tanto ellos tienen la competencia para legislar en materia aduanera o de aranceles. Así mismo, también alegan que un particular no puede invocar la normativa comunitaria ante los órganos jurisdiccionales ya que esta competencia recae en la Comisión y los Estados Miembros.

Estas alegaciones fueron desechadas por el Tribunal de Justicia, considerando que los nacionales podían invocar derechos que las legislaciones nacionales debían proteger. Así mismo como el fin del TCEE es la de establecer un mercado común cuyo funcionamiento afecta directamente a los justiciables de la CEE, implica que el tratado constituye algo más que un simple acuerdo.

El TCEE también crea instituciones a las que se les dota de poder soberano cuyo ejercicio afecta a los estados miembros y ciudadanos. (Cesión de soberanía)

El Tribunal de Justicia tiene como fin en el Art. 177 del TCEE garantizar la aplicabilidad y unidad del tratado en los órganos jurisdiccionales de los estados miembros que han reconocido al Derecho Comunitario. (Primacía del Derecho Comunitario)

Con estas tres afirmaciones anteriormente expuestas, se llega a la conclusión que la CEE constituye un nuevo ordenamiento jurídico internacional autónomo y de aplicación en los estados miembros que puede ser invocado por sus particulares. Este ordenamiento jurídico crea derechos y obligaciones tanto a estados miembros como a particulares.

Sentencia Costa ENEL

La Sentencia del Tribunal de Justicia con fecha 15 de julio de 1964, trata sobre el litigio entre el particular Flamio Costa y ENEL (Empresa Nacional de Energía Eléctrica).

Flamio Costa era un ciudadano italiano que poseía acciones de la empresa eléctrica ENEL, tras la nacionalización del sector eléctrico en Italia, Flamio Costa se negó a pagar la factura de electricidad como protesta ante la nacionalización.

La empresa ENEL le demandó por el impago de las facturas. El argumento que sostenía el particular Flamio Costa era que la ley de nacionalización era contradecía lo establecido en el Tratado de Roma y la Constitución Italiana

Como anteriormente hemos analizado en la sentencia Van Gend Loos, siguiendo lo expuesto en el Art. 177 del TCEE se plantea la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia; ya que el Giudice Conciliatore di Milano no tiene competencias para la interpretación de lo establecido en el tratado. Por lo que se reafirma la primacía del Derecho Comunitario y cesión de soberanía ante el derecho de los estados miembros y, se le otorga a la institución formada por el Tribunal de Justicia el poder para interpretar en cada uno de estos estados miembros la transposición del Derecho Comunitario.

En cuanto a los argumentos del estado italiano, éste consideraba que el Tratado de Roma fue incorporado a la legislación ordinaria y por tanto una nueva ley podía derogar lo legislado anteriormente en dicha materia. Por lo que era la obligación del Juez el aplicar la ley interna y por tanto no cabía el uso del Art. 177 TCEE

Siguiendo lo expuesto en la Sentencia Van Gend Loos, a diferencia de un tratado internacional, el TCEE creó un ordenamiento jurídico propio, integrado en los estados miembros desde el momento en que entró en vigor y que por tanto vincula a los órganos jurisdiccionales. La CEE constituye una Comunidad de duración indefinida, dotada de instituciones propias, personalidad jurídica y capacidad de representación internacional.

Esto es posible, gracias a la cesión de soberanía en la cual los estados miembros limitan sus competencias en algunas materias y se crea un cuerpo normativo aplicable a nacionales y a los propios estados. (Derechos y obligaciones)

La integración del derecho en cada estado miembro hace que se imposibilite que el estado pueda hacer prevalecer una medida unilateral posterior, por lo que el ordenamiento de cada estado no puede oponerse al Derecho Comunitario. (Primacía del Derecho Comunitario)

Si esto se realizara pondría en peligro lo establecido en los objetivos del tratado, por lo que el argumento del estado italiano quedaría invalidado por lo establecido el Art. 5 del TCEE.

Los estados si que pueden actuar unilateralmente pero únicamente en aplicación de la cláusula y previa autorización. Elemento que no se da en el caso Costa Enel.

Esta sentencia refuerza lo argumentado en Van Gend Loos ya que se extrae que se le atribuye a la CEE y sus instituciones competencias que ceden los estados y, que el Derecho Comunitario debe prevalecer sobre legislaciones de los estados miembros.

Sentencia Francovich

La Sentencia del Tribunal de Justicia con fecha 19 de noviembre de 1991, trata sobre el litigio entre Andrea Francovich y el estado italiano, sobre la interpretación del Art. 189 TCEE en el cual se expone lo relativo a la aplicación de reglamentos, Directivas, decisiones y recomendaciones o dictámenes. Así como de la aplicación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.

Andrea Francovich era un trabajador al cual su empresa tras entrar en suspensión de pagos, no le abonó su salario y únicamente percibió de esta anticipos. Francovich invocó la Directiva 80/987/CEE para obtener del estado italiano unas garantías con carácter subsidiario o una indemnización.

La alegación de Italia fue que, si no se ha incorporado dicha Directiva al ordenamiento jurídico nacional, este no tendría obligaciones con los particulares. Por lo que Francovich afirmó que las Directivas son obligatorias.

Los órganos jurisdiccionales plantean según lo expuesto anteriormente en el Art. 177 TCEE una cuestión prejudicial para conocer cual es el alcance de la Directiva y, si es posible exigir al estado miembro su cumplimiento y, en caso de incumplimiento, indemnizar a las partes afectadas por la no transposición del Derecho Comunitario en el ordenamiento jurídico nacional en el plazo estipulado de dicha Directiva.

De lo dispuesto en las anteriores sentencias, se extrae que la CEE crea un ordenamiento jurídico propio al que los estados miembros están ligados, así como sus nacionales, por lo que se crean unos derechos y obligaciones. Así mismo existe una primacía del Derecho Comunitario por la cesión de soberanía a estas instituciones que, se crean para la armonización de los estados miembros y la búsqueda de objetivos comunes que se encuentran en el TCEE. Esto se consigue mediante la transposición del Derecho Comunitario al ordenamiento jurídico de los estados miembros.

Para adentrarnos en el alcance de una Directiva, hay que revisar el Art. 189 TCEE en el cual se indica que las Directivas son obligatorias en cuanto al resultado que ha de conseguirse, dando al estado miembro la libertad de medio y forma. En cuanto al tiempo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia indica que, el estado miembro que no haya adoptado en el plazo señalado las medidas impuestas por la Directiva; en este supuesto los particulares pueden invocarlas contra las disposiciones nacionales que contravienen el Derecho Comunitario. Dicho estados estarán obligado a reparar los daños causados por las violaciones de la no transposición y asegurar su cumplimiento.

Este supuesto exige dos condiciones que necesariamente se han de cumplir para que se pueda exigir el cumplimiento de lo dispuesto en una Directiva. El primero que esta Directiva cree derechos a particulares y que el estado miembro incumpla o no adopte en el tiempo estipulado dicha Directiva, que es obligatoria y tiene como fin la armonización del derecho entre estados para conseguir unos objetivos comunes, para lo cual el Derecho Comunitario contempla indemnizaciones a los particulares afectados en caso de violación imputable de un estado miembro.

Enrique Celda Gallud

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