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Art. 116 Constitución Española: estados de alarma, excepción y sitio.

Enrique Celda Gallud

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¿Qué es el estado de alarma?

El estado de alarma es un concepto constitucional que aparece recogido en el Art. 116 de la Constitución Española. En el mismo artículo también se recogen los estados de excepción y sitio que a continuación detallaremos.
Según lo expuesto en el Art. 116.1 CE, mediante una ley orgánica se regularán los estados de alarma, excepción y sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. 
Dicha ley es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

En cuanto al estado de alarma, esta figura aparece reflejada en el Art. 116.2 CE, será declarado por el Gobierno mediante acuerdo en el Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días. De dicho estado se deberá dar cuenta el Congreso que se reunirá inmediatamente y, será quien autorice su prorroga. En el propio decreto del estado de alarma se determinará el ámbito territorial de aplicación, esto es, podrá ser aplicado únicamente en una comunidad autónoma previa petición al gobierno de su presidente.

En el Capitulo II de la LO 4/1981 aparece detallado el estado de alarma. 

Se aplicará en casos de:
a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.
d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Se podrán acodar las siguientes medidas:
a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.

Este estado ya fue declarado el 4 de diciembre de 2010, con motivo de la huelga masiva de controladores aéreos que provocó el cierre del tráfico aéreo. Esta medida hizo que los controladores aéreos quedaran bajo el mando militar, teniendo que regresar a sus puestos de trabajo bajo amenaza de cárcel por delito de rebelión, amparándose en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981.

¿Qué es el estado de excepción?

El estado de excepción es un concepto constitucional que aparece recogido en el Art. 116 de la Constitución Española. En el mismo artículo también se recoge el estado de alarma, anteriormente expuesto y el estado de sitio que a continuación detallaremos.
Según lo expuesto en el Art. 116.1 CE, mediante una ley orgánica se regularán los estados de alarma, excepción y sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
Dicha ley es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

En cuanto al estado de excepción esta figura aparece reflejada en el Art. 116.3 CE, será decretado por el Gobierno mediante acuerdo del Consejo de Ministros, con la autorización previa del Congreso de los Diputados. En dicho decreto se deberá determinar de forma expresa cuales son los efectos, ámbito territorial de aplicación y su duración. Su duración no podrá exceder de 30 días y podrá ser prorrogado por 30 días mas con los mismos requisitos.

En el Capitulo III de la LO 4/1981 aparece detallado el estado de alarma.

Se aplicará:

Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo.

Se podrán suspender los siguientes derechos y libertades:
• Art. 17.1 CE: derecho a la libertad y seguridad.
• Art. 17.2 CE: plazo máximo de detención preventiva de 72 horas.
• Art. 17.4 CE: procedimiento «habeas corpus».
• Art. 18.2 CE: inviolabilidad del domicilio.
• Art. 18.3 CE: secreto de comunicaciones.
• Art. 19 CE: libertad de residencia, circulación y de entrada y salida del territorio nacional.
• Art. 20.1 CE a): libertad de expresión.
• Art. 20.1 CE d): derecho a comunicación e información veraz.
• Art. 20.5 CE: secuestro de publicaciones (por resolución judicial).
• Art. 21 CE: derecho de reunión.
• Art. 28.2 CE: derecho a huelga.
• Art. 37.2 CE: derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.

 

El estado de excepción es un concepto constitucional que aparece recogido en el Art. 116 de la Constitución Española. En el mismo artículo también se recoge el estado de alarma, anteriormente expuesto y el estado de sitio que a continuación detallaremos.
Según lo expuesto en el Art. 116.1 CE, mediante una ley orgánica se regularán los estados de alarma, excepción y sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
Dicha ley es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

En cuanto al estado de excepción esta figura aparece reflejada en el Art. 116.3 CE, será decretado por el Gobierno mediante acuerdo del Consejo de Ministros, con la autorización previa del Congreso de los Diputados. En dicho decreto se deberá determinar de forma expresa cuales son los efectos, ámbito territorial de aplicación y su duración. Su duración no podrá exceder de 30 días y podrá ser prorrogado por 30 días mas con los mismos requisitos.

En el Capitulo III de la LO 4/1981 aparece detallado el estado de alarma.

Se aplicará:

Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo.

Se podrán suspender los siguientes derechos y libertades:
• Art. 17.1 CE: derecho a la libertad y seguridad.
• Art. 17.2 CE: plazo máximo de detención preventiva de 72 horas.
• Art. 17.4 CE: procedimiento «habeas corpus».
• Art. 18.2 CE: inviolabilidad del domicilio.
• Art. 18.3 CE: secreto de comunicaciones.
• Art. 19 CE: libertad de residencia, circulación y de entrada y salida del territorio nacional.
• Art. 20.1 CE a): libertad de expresión.
• Art. 20.1 CE d): derecho a comunicación e información veraz.
• Art. 20.5 CE: secuestro de publicaciones (por resolución judicial).
• Art. 21 CE: derecho de reunión.
• Art. 28.2 CE: derecho a huelga.
• Art. 37.2 CE: derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.

¿Qué es el estado de sitio?

El estado de sitio es un concepto constitucional que aparece recogido en el Art. 116 de la Constitución Española. En el mismo artículo también se recogen el estado de alarma y excepción anteriormente expuestos. Según lo dispuesto en el Art. 116.1 CE, mediante una ley orgánica se regularán los estados de alarma, excepción y sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. 
Dicha ley es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

En cuanto al estado de sitio esta figura aparece reflejada en el Art. 116.4 CE, será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno. Será el Congreso quien determine su ámbito territorial, duración y condiciones.
En virtud de la declaración del estado de sitio, el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Española, asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en la misma. El Gobierno designará la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera.

En el Capitulo IV de la LO 4/1981 aparece detallado el estado de sitio. 

Se aplicará:

Cuando se produzca o pueda producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, contra su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios.

La declaración del estado de sitio permite suspender los mismos derechos y libertades que los detallados anteriormente para el estado de excepción, a los que se añade, además, la posibilidad de suspensión del art. 17.3 CE: la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido.

Enrique Celda Gallud

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